¿Qué hacer si ocupan mi casa?

qué hacer si ocupan mi casa

Hoy en día surge la pregunta de qué hacer si te ocupan tu vivienda a muchos de los ciudadanos españoles que disponen de una segunda residencia, ya sea esta visitada de manera habitual o estando en desuso. En este artículo queremos arrojar luz sobre el problema de la ocupación en España. Hablaremos del escaso y lento amparo legal ante la ocupación en España y las diferentes vías que un propietario tiene para solucionar este problema.

Pero antes de entrar en materia, cabe primero señalar información básica sobre la ocupación y desmitificar ciertas creencias.

Diferencia entre allanamiento y usurpación

Se trata de allanamiento cuando la vivienda se considera la morada del propietario, es decir, que es el domicilio en el que se reside habitualmente. Este se trataría de un concepto más ligado a la intimidad que a la propiedad, siendo lo primero algo más protegido que lo segundo. De hecho, el artículo 18.2 de la Constitución establece que el domicilio es inviolable. En el caso de que alguien ocupase el inmueble en el que el propietario habita, la actuación de la policía es inmediata incluso sin orden judicial, y la pena de delito por allanamiento es de dos años de cárcel y hasta cuatro si se allana mediante violencia o intimidación, pese a los quebraderos de cabeza que le acarrean al propietario y destrozos de la vivienda que suelen ir de la mano del propio allanamiento.

En cuanto a la usurpación ya es otra historia. Se considera usurpación cuando la vivienda está deshabitada y no es considerada como la morada del propietario. En este caso, la justicia actúa de manera mucho más pasiva y transigente siendo la usurpación considerado un delito leve y condenado con una simple multa. Sería este caso el aprovechado por okupas para ejercer su práctica y establecerse en propiedades privadas durante el mayor tiempo posible tratando de entorpecer el procedimiento judicial.

Una vez explicados estos conceptos básicos, vayamos a destripar el asunto de la ocupación y el defectuoso proceso legal:

¿Qué hacer si me ocupan la casa?

En el caso de usurpación de vivienda u ocupación, se debe presentar una demanda de desahucio contra los okupas o una denuncia por usurpación de la propiedad privada. La “Ley de desahucio exprés” aprobada en 2018, hecha para amparar al propietario, lo hace de manera no totalmente eficaz y con ciertos “agujeros” de los que se aprovechan los demandados u okupas. Cuando la demanda del propietario es admitida a trámite, esta ha de ser notificada a los okupas, que a partir de ese momento tienen cinco días para demostrar su posible vinculación con la vivienda. Sin embargo,  el prometedor plazo de cinco días en realidad viene precedido de al menos dos trámites (admisión de la denuncia y notificación a los okupas) que pueden alargarse más o menos en función de la carga de trabajo del juzgado que lleve el caso y que además pueden ir acompañados de otros que pueden ralentizarlo todo aún más, sin contar con los posibles daños que los usurpadores puedan causar en la propiedad.

Si los okupas dejan pasar esos cinco días sin presentar algún título válido que justifique su morada en la vivienda, el tribunal emite un auto para ordenar el desalojo de la vivienda. Este auto no admite recurso y afectará a todas las personas que se encuentren en ese momento en el inmueble, sin necesidad de identificarlas previamente. Si en cambio sí entregan algún ”justificante” no se puede proceder al desahucio inmediato y habrá que esperar a que se celebre el juicio para ver si el tribunal considera legítima la documentación presentada, lo cual puede prolongarse durante meses o años, lo que provoca que muchos afectados por la situación recurran a procesos civiles en defecto de lo penal.

Medidas contra la ocupación

Debido a que los procesos legales al respecto aún no amparan con eficacia y rapidez al propietario, surgen otras soluciones como la iniciativa privada “Desokupa”, que tras seis años en funcionamiento, dicen haber llevado a cabo más de 5.000 desalojos. ¿Y cómo lo hacen si ellos no son un brazo ejecutor legítimo de las leyes como la policía?, pues aprovechando un vacío legal, el cual consiste en que la policía no puede instalar dispositivos de seguridad en las zonas comunes para controlar la salida de los okupas y aprovechar la misma para el desalojo, lo que sí puede hacer un servicio o empresa como es en este caso. De hecho, Daniel Esteve, propietario y fundador de la empresa, afirma que son los propios policías los que aconsejan y entregan tarjetas de la empresa desokupa a los propietarios afectados, pues ellos no tienen la posibilidad de ayudarles. Daniel también afirma recibir cientos de llamadas entre semana, así como cientos de correos reclamando sus servicios. Y ante la pregunta de si la mayoría de las ocupaciones solo se dan a propiedades bancarias, fondos buitre y demás, sentencia que eso no es cierto, que ocupan a todo el mundo y que esto es un verdadero problema ante el que tienen que actuar por las carencias legales para defender la propiedad privada y que si no hubiese dichas carencias y el propietario estuviese amparado, su empresa no existiría.

Finalmente, tenemos que decir que está claro que hay un problema de ocupación en España. Aunque muchos jueces afirman que la mayoría de casos de ocupación se suele dar en propiedades bancarias abandonadas o en propiedades de empresas con fines lucrativos que también se encuentran en desuso. Sin embargo, también es cierto que se okupan muchas viviendas de particulares, los cuales han sido la mecha que ha encendido la polémica al respecto y que ha generado que tanto afectados como indignados denuncien ante la justicia y a través de los diversos medios de comunicación.

Podemos decir que la ocupación se ha considerado un problema para muchos que la han sufrido o lo han visto de cerca y otros más escépticos no lo consideran. En cualquier caso, es sabido que la justicia no funciona de manera rápida y eficaz y se sigue sin atacar los problemas de raíz (los cuales darían para otro artículo). Hasta que haya alternativas habitacionales para los más desfavorecidos las cuales no interfieran en el derecho a la propiedad privada, no se fomente la ocupación por parte de instituciones y la justicia funcione eficazmente ante estos casos parece que el tema seguirá dando de qué hablar.

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